El equilibrio entre la contaminación ambiental de los vehículos y la movilidad sostenible en ciudades inclina la balanza cada vez más a favor de esta última, toda vez que los estados miembros de la Unión Europea continúan estrechando el cerco sobre la contaminación, con una última medida establecida en la hoja de ruta marcada por Bruselas que comprende el fin de la matriculación de vehículos de combustión a partir de 2035.
Por el camino, el tránsito hacia la movilidad sostenible en ciudades pone el foco en un período mucho más cercano, concretamente el año 2023, dado que para cuando éste llegue a su fin.
Ello significa que, según lo estipulado en la Ley de Cambio Climático que entró en vigor el pasado 22 de mayo, los vehículos considerados más contaminantes tendrán prohibido su acceso a un espacio determinado de la ciudad.
Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2020, el 53,1% de la población total de España se vería afectada en cuanto al nivel de emisiones CO2 y contaminación atmosférica, lo cual contraviene la movilidad sostenible en ciudades.
Esto ha propiciado que las ciudades aceleren su decisión de controlar la excesiva contaminación de los vehículos que transitan por ellas a día de hoy. Por nombrar un ejemplo, en el caso de Madrid, son ya más de un centenar de agentes de movilidad quienes se encargan de llevar a cabo test en diferentes puntos de la ciudad, dentro de las acciones enmarcadas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.
Este tipo de medidas contemplan que agentes de la autoridad competentes para la vigilancia del tráfico puedan detener a un vehículo en cualquier momento para comprobar las emisiones del tubo de escape y supervisar sus sistemas contra la contaminación, levantando acta de ello y notificándose debidamente su resultado al conductor o conductora.
Además, esta acción puede requerir que se tenga que acercar a la ITV para examinar el vehículo en cuestión, suponiendo una sanción de en torno a 1.500 euros para aquella persona que actúe en contra de dicha medida y su vehículo registre episodios de alta contaminación atmosférica, llegando incluso a la inmovilización del mismo en caso de superar los niveles máximos permitidos de emisión de gases y humos.
En este sentido, ante el camino adoptado por las distintas administraciones regionales, nacionales y europeas en favor de la movilidad sostenible en ciudades, mejorando para ello la calidad del aire, reduciendo la contaminación y fomentando la electromovilidad y eficiencia energética en las ciudades, no cabe duda de que la apuesta por dotarse de un coche o moto eléctrica supone una decisión de lo más beneficiosa tanto para particulares como empresas, especialmente las dependientes del reparto urbano de sus productos.
Una muestra más de la necesidad de agentes que apoyen la transición a la movilidad eléctrica se ha puesto de manifiesto con la Estrategia de Movilidad sostenible, segura y conectada presentada por el Gobierno, que destinará 13.200 millones de euros en los próximos tres años para el impulso de la misma, procediendo esa cantidad de los fondos europeos ‘Next Generation EU’.
Una inversión centrada en “todo lo que tiene que ver con la transición hacia el vehículo eléctrico”, tal y como avanzó el presidente Pedro Sánchez en una intervención pública reciente. Esta estrategia comunitaria no hace sino reforzar otras como el Plan Moves III, que se mantendrá hasta el 2023 toda vez que ya ha entrado en vigor con un presupuesto inicial de 400 millones de euros.
Encontrar la alternativa para una movilidad sostenible en ciudades pasa indiscutiblemente por la confianza y apuesta del vehículo eléctrico. Concretamente, las motos eléctricas han ido ganando adeptos con el paso de los años, tanto a nivel particular como de gestión de flotas en las empresas, ya que son muchas sus ventajas y han comenzado a extenderse por las ciudades, al igual que las bicicletas eléctricas o el patinete eléctrico.
Entre sus diversas funcionalidades, y ateniéndonos a la normativa implantada por las ciudades hacia una mayor sostenibilidad y a combatir la contaminación atmosférica, el uso del vehículo eléctrico tiene su repercusión en el reparto de mercancías de última milla, el carsharing, el incremento de infraestructuras de recarga eléctrica, la regulación con criterios ambientales del
aparcamiento de los vehículos privados con acceso a las ZBE, además de suponer un complemento del transporte público y la movilidad activa basada en peatonalización de calles, el uso de la bicicleta, etc.
En lo que a las motos eléctricas respecta, la movilidad inteligente sostenible basada en el empleo del Internet of Thigs (IoT) y la monitorización constante son aspectos que conllevan a entender aún más su uso en las ciudades, al margen de otros beneficios intrínsecos a la motocicleta eléctrica, como, por ejemplo:
Todos estos aspectos hacen decantar la balanza cuando se pretende decidir entre una moto eléctrica o con motor de gasolina. Otro que se debe sumar desde ya es la libertad para circular por el entorno urbano, puesto que las ciudades avanzan en regulaciones que limiten o prohíban la circulación de vehículos no respetuosos con el medio ambiente, con el año 2023 en el horizonte.
La trayectoria de NUUK mobility solutions como agente en la movilidad eléctrica...